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El presidente Joe Biden anunció el martes un cambio que permitiría a más de medio millón de cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses que han vivido en Estados Unidos durante más de una década solicitar la residencia permanente sin tener que salir del país.
La orden ejecutiva utiliza las autoridades existentes para acelerar el proceso para los cónyuges e hijos que ya califican para ajustar su estatus y para obtener la residencia permanente por medio de su matrimonio, en lugar de crear un nuevo programa que casi con certeza sería impugnado en los tribunales.
El cambio más notable aquí es que los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que ya viven en el país recibirán un estatus de libertad condicional dentro del país de tres años que les permitirá trabajar durante ese período y solicitar la residencia permanente en Estados Unidos sin tener que salir y aplicar desde el extranjero, como es el caso actualmente.
"Tienen que dejar a sus familias en Estados Unidos sin ninguna garantía de que se les permitirá regresar a Estados Unidos", dijo Biden. "Así que se quedaron en Estados Unidos, pero en las sombras, viviendo con el temor constante de ser deportados sin la capacidad de trabajar legalmente. Todo esto, a pesar de que, según la ley actual, son elegibles para un estatus legal a largo plazo".
Biden anunció su acción ejecutiva en un evento en la Casa Blanca al que asistió la primera dama Jill Biden, así como legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes que llevaban meses presionando para que se tomara este tipo de acciones. Entre los asistentes se encontraba Alejandra Gómez, directora ejecutiva de Living United for Change, con sede en Phoenix, Arizona.
Gómez elogió la estabilidad que este cambio de política traería a la vida de algunas familias de estatus mixto, al tiempo que reconoció el alcance limitado del anuncio del martes.
"Hoy celebramos, pero también reconocemos que persiste un problema mayor. Sin una reforma migratoria integral, millones de inmigrantes seguirán viviendo en un estado constante de limbo y miedo", dijo en un comunicado publicado antes del anuncio.
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, estuvo entre el puñado de legisladores demócratas que también estuvieron presentes en el evento de la Casa Blanca del martes. También acogió con satisfacción el anuncio y lo que significa para las familias de Arizona.
"Estas familias merecen estar juntas sin temor a que puedan ser separadas en cualquier momento", dijo Kelly en un comunicado. "Mientras continuamos trabajando hacia una reforma migratoria que asegure nuestra frontera sur y mantenga unidas a las familias, esta propuesta protegerá a miles de familias en Arizona con profundas raíces en nuestras comunidades".
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La Casa Blanca dijo que el programa beneficiaría a aproximadamente 500,000 cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses, así como a 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses menores de 21 años.
Para poder aplicar para este proceso acelerado, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses deben haber vivido en los Estados Unidos durante los últimos 10 años, al 17 de junio, y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense.
Según la Casa Blanca, en promedio, los cónyuges que califican para postularse bajo el proceso acelerado han estado en el país durante 23 años. Los hijos de ciudadanos estadounidenses deben estar solteros y haber tenido menos de 18 años cuando sus padres se casaron.
Además de los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses, el anuncio del martes también acelerará el proceso para que los no ciudadanos que se gradúen de colegios y universidades estadounidenses y reciban una oferta de trabajo en el campo de carrera elegido obtengan una visa de trabajo.
Esto incluye a los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, y otros jóvenes indocumentados. El anuncio en la Casa Blanca sirvió también para conmemorar el 12º aniversario de la creación del programa el pasado 15 de junio de 2012.
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"Quiero que aquellos que han sido educados en un colegio o universidad de Estados Unidos pongan sus habilidades y conocimientos a trabajar aquí en Estados Unidos", dijo Biden.
El anuncio recibió un amplio apoyo de funcionarios electos latinos y demócratas en Arizona, así como de grupos de defensa de inmigrantes y legales. Pero encontró la oposición de grupos conservadores, así como de legisladores republicanos.
El representante Greg Stanton, demócrata por Arizona, elogió al presidente por permitir a los Dreamers con educación universitaria la oportunidad de permanecer y trabajar legalmente en el país sin temor a la deportación.
"Sin embargo, todavía es responsabilidad del Congreso aprobar fuertes medidas de seguridad fronteriza y una reforma migratoria significativa y de sentido común. Necesitamos una legislación integral para mantener segura nuestra frontera sur y crear vías ordenadas", dijo Stanton en un comunicado.
El representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, agregó que "esta compasiva decisión reconoce las invaluables contribuciones que estas personas hacen a nuestras comunidades y defiende el principio fundamental de mantener unidas a las familias".
La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, hija de trabajadores agrícolas inmigrantes, emitió un comunicado en apoyo y calificó la acción ejecutiva de Biden como un "paso bienvenido y necesario".
Heritage Action for America, un grupo de base conservador afiliado a la Heritage Foundation, acusó a Biden de eludir las leyes y el Congreso de Estados Unidos. El grupo ha apoyado los esfuerzos individuales de los estados, incluido Arizona, para abordar la seguridad fronteriza.
“El presidente Biden ve la señal en la pared y sabe que sus desastrosas e impopulares políticas fronterizas lo dejarán sin trabajo en noviembre. Pero en lugar de tratar de arreglar la crisis que creó y que está provocando la muerte de estadounidenses, está haciendo todo lo posible para destruir aún más nuestro sistema de inmigración antes de que los votantes le quiten su autoridad ejecutiva", dijo Ryan Walker, vicepresidente ejecutivo del grupo.
Los cambios anunciados el martes no garantizan que los solicitantes puedan ajustar su estatus u obtener una visa de trabajo. Las solicitudes se considerarán caso por caso, según funcionarios de la Casa Blanca. Las descalificaciones existentes, como antecedentes penales o haber sido deportado anteriormente, permanecen vigentes.
Algunas preguntas sobre estos cambios siguen sin respuesta, por ahora. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia que procesa estas solicitudes, enfrenta un enorme retraso en las solicitudes que podría afectar la capacidad de la agencia para priorizar y acelerar el proceso de ajuste de estatus para cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca dijo que se espera que el proceso de solicitud bajo este cambio se abra a fines del verano, pero agregó que pronto se publicarán más detalles, incluidos los costos y cómo determinar la validez de los matrimonios.
El anuncio del martes se produce inmediatamente después de una acción ejecutiva que restringe el acceso al sistema de asilo que la administración Biden implementó a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México a principios de este mes. Esas restricciones permiten a los funcionarios fronterizos estadounidenses cerrar el procesamiento de asilo entre los puertos de entrada cuando los encuentros de migrantes fuera de los cruces fronterizos superan los 2,500 por día.
Esos cambios entraron en vigor inmediatamente a lo largo de la frontera. En ciudades fronterizas mexicanas como Nogales, Sonora, donde los funcionarios fronterizos estadounidenses han estado deportando a cientos de personas cada día, los defensores de los inmigrantes acusan a la Patrulla Fronteriza estadounidense de negar a los inmigrantes mexicanos entrevistas de miedo creíbles, incluso si expresan temor de ser devueltos a México o afirman están siendo perseguidos.
La inmigración y la seguridad fronteriza siguen siendo las principales preocupaciones entre los votantes, de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en noviembre. Los intentos de los legisladores del Senado de aprobar un acuerdo bipartidista en la frontera, negociado en parte por la senadora Kyrsten Sinema, Arizona, fracasaron en febrero cuando el expresidente y presunto candidato republicano Donald Trump criticó el acuerdo respaldado por Biden.
El reportero de La Voz, Erick Treviño, contribuyó a este artículo.
Comunícate con el reportero Rafael Carranza por correo electrónicorafael.carranza@arizonarepublic.com o en X@rafaelcarranza.
Traducción Joanna Jacobo Rivera
